El Gobierno quiere que los alumnos inscritos en la Formación Profesional Superior puedan cursar materias optativas en las facultades, y viceversa, que los universitarios puedan desplazarse a los institutos que ofrecen una preparación muy práctica. Así se contempla en el anteproyecto de ley de FP que última el Ejecutivo y que pasará pronto por el Consejo de Ministros. Para ello, las universidades y los gobiernos autónomos, que gestionan los centros de FP, firmarán convenios, si el texto sale adelante en el Congreso, donde no se prevé que suscite la controversia que generó la ley Celaá. En la actualidad, tras superar el bachillerato, el sistema divide a los alumnos de la educación terciaria ―carrera o grados de FP Superior― en dos sistemas impermeables que solo confluyen en el momento de la convalidación de materias para saltar de una enseñanza a otra. De los 1.309.762 universitarios que ingresaron el curso pasado, el 10,5% (137.525) provenía de FP.
El sistema es actualmente la antítesis de lo que se reclama en una sociedad que requiere conocimientos transversales y multidisciplinares. Por eso la Ley de Formación Profesional ―también la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) abordará el encaje― busca tender puentes entre los campus y los institutos, y eso incluye la colaboración entre los profesores, uso compartido de instalaciones o mayores facilidades en las convalidaciones. En Portugal existen, incluso, titulaciones que los alumnos inician en los institutos de FP y finalizan en una facultad. La norma que prepara el Gobierno siembra una simiente, pero no va tan lejos.
El contenido de los estudios de FP es desde 1990 prefijado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Las autonomías pueden añadir pero no modificar la materia. Con el nuevo currículo, aparecen las optativas acordes al interés de cada estudiante, pero habrá que seguir aprobando las asignaturas nucleares. Estos cimientos, sin los que no se pueden entender las materias de libre elección, son los que permiten que el título de FP sea reconocido en el marco europeo. El International Institute for Applied Systems Analysis calcula que si España quiere ser competitiva debería pasar de tener un 26% de graduados universitarios a un 38% antes de 2050 y en FP Superior, de un 11% al 17%.
Fuente: elpais.com